Tesis penales agosto 2010 Registro No



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TESIS PENALES AGOSTO 2010
Registro No. 164052

FRAUDE ESPECÍFICO POR EXPLOTAR PREOCUPACIONES, SUPERSTICIONES O IGNORANCIA DE LAS PERSONAS. EL ARTÍCULO 205, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE PREVÉ ESE DELITO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.

La citada garantía, prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo prohíbe a la autoridad jurisdiccional imponer penas por analogía o por mayoría de razón, sino también obliga al legislador a que, al expedir las normas de carácter penal, señale las conductas típicas y las penas aplicables en forma clara, exacta y precisa, para evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado, así como una actuación arbitraria del juzgador. En ese sentido, el tipo de fraude contenido en el artículo 205, fracción XII, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, que sanciona a quien para obtener un lucro indebido, explota las preocupaciones, supersticiones o ignorancia de las personas, por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones u otros procedimientos carentes de validez técnica o científica, no transgrede el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal. Ello es así, toda vez que los elementos normativos incluidos en la descripción legal, como "evocaciones", "espíritus", "adivinaciones" o "curaciones", aun cuando son conceptos intangibles o inmateriales, no generan vaguedad conceptual o ambigüedad terminológica, porque mediante un conocimiento cultural puede obtenerse su exacto significado, sin dar lugar a confusiones o imprecisiones a los gobernados. Además, para la configuración típica es exigible la actualización de la conducta esencial de la explotación del pasivo para obtener un lucro indebido, lo que necesariamente presupone un comportamiento abusivo, por el cual el sujeto activo aproveche la desfavorable condición en que se encuentre el pasivo, con el fin de obtener un beneficio patrimonial indebido.

Amparo directo en revisión 2334/2009. 2 de junio de 2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Registro No. 164174

AMPARO PENAL. EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN ES DE QUINCE DÍAS SI SÓLO SE RECLAMA LA CONDENA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO.

La demanda de amparo en la que sólo se reclama lo relativo a la condena a la reparación del daño impuesta al quejoso por el tribunal de alzada, en razón de que la sentencia reclamada se ocupó de ese aspecto en particular, merced a que el recurso de apelación correspondiente fue interpuesto por el representante social, únicamente en lo que respecta a la absolución del quejoso por el Juez de instancia en ese rubro, sin que el reo o su defensor se hubiere inconformado en segunda instancia en contra de la sentencia de primer grado, es inconcuso que el término para su interposición se sujeta al de quince días hábiles a que se refiere el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues en el caso no se está ante la presencia de un acto que importe un ataque a la libertad personal del quejoso, ni se encuentra en ninguno de los casos de excepción que contempla el artículo 22 de la mencionada Ley de Amparo; de ahí que si el impetrante del amparo interpuso su demanda de garantías fuera de ese término, es obvio que consintió tácitamente el acto reclamado, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 73 de la ley de la materia.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 50/2002. 14 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: José de Jesús Vega Godínez.

Amparo directo 378/2006. 16 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Silvia Irina Yayoe Shibya Soto. Secretario: Iván Eduardo Fajardo García.

Amparo directo 491/2008. 20 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretaria: Elsa Beatriz Navarro López.

Amparo en revisión 52/2010. 18 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: Omar Humberto Romero Romero.

Amparo en revisión (improcedencia) 195/2010. 22 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: Omar Humberto Romero Romero.

Nota: Por ejecutoria de fecha 15 de octubre de 2008, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 53/2008-PS en que participó el presente criterio.



Registro No. 164086

DETENCIÓN O PRISIÓN PREVENTIVA. AUN CUANDO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD O RECLUSIÓN HAYA SIDO POR MINUTOS U HORAS DEBE COMPUTARSE COMO UN DÍA DE DETENCIÓN.

De la interpretación del artículo 20, apartado B, fracción IX, última parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra como garantía individual de toda persona imputada (en un juicio del orden penal), que en toda pena privativa de libertad que se imponga en una sentencia, se computará el tiempo de la detención, de lo que se colige primordialmente, la protección de manera inmediata y directa del derecho a la libertad personal, que resulta afectada al ejecutarse una detención, la cual constituye un derecho fundamental del ser humano que le permite desplazarse de un lugar a otro y que se ve afectado con su restricción, sin embargo, dicha disposición no prevé la forma de realizar el cómputo de la prisión preventiva, de ahí que se concluya que ante su perturbación, por muy breve que sea, es decir, aun cuando sean minutos u horas, debe computarse como un día de detención.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 328/2009. 8 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretario: Enrique Espinosa Madrigal.

Amparo directo 428/2009. 11 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretaria: Felícitas Guzmán Maldonado.

Amparo directo 91/2010. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Ana Gabriela Urbina Roca, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Enrique Espinosa Madrigal.

Amparo directo 88/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretario: Enrique Espinosa Madrigal.

Amparo directo 86/2010. 8 de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretario: Enrique Espinosa Madrigal.



Registro No. 163912

TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CON POSTERIORIDAD A LA COMISIÓN DEL DELITO POR EL QUE SE DICTÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, OMITE EL ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE UNA PENA MÁS BENÉFICA PARA EL SENTENCIADO.

Del análisis del artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sensu, así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980, se infiere el beneficio del delincuente a recibir una pena más breve si, con posterioridad a la comisión del delito, la ley así lo dispone; luego, si el tribunal responsable que pronunció la sentencia que se reclama omitió el estudio sobre la aplicación de una pena señalada como más leve (por ejemplo las previstas en los artículos 476 y 477 de la Ley General de Salud) bajo el argumento de que los artículos transitorios segundo y tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, en vigor a partir del día siguiente de su publicación, prohíben su observación al establecer que serán aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido el ilícito (artículos 195 y 195 bis del Código Penal Federal), ello resulta desacertado, porque nuestra Constitución protege las garantías individuales; así, se exige al órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 133 de la Carta Magna, como ley máxima en toda la Unión, optar por un tratado o normatividad que sea aplicable y que derive de un resultado que sea acorde al Texto Supremo. En congruencia con lo anterior, los efectos de la concesión del amparo que en su caso se promueva contra aquella determinación, serán que el tribunal responsable emita una nueva resolución en donde analice si procede o no la aplicación de la nueva disposición, es decir, si esencialmente son los mismos elementos que integran el cuerpo del delito vigente en el momento en que se cometió el ilícito y si, en el caso, le resulta más benéfica la pena reformada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 715/2009. 28 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén David Aguilar Santibáñez. Secretaria: Ana Luisa Araceli Pozo Meza.

Amparo directo 49/2010. 11 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Faustino Cervantes León. Secretario: Adalberto Figueroa Rosas.

Amparo directo 79/2010. 13 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Encarnación Aguilar Moya. Secretaria: Alma Itzell André Jiménez.

Amparo directo 242/2010. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén David Aguilar Santibáñez. Secretario: Alejandro Morales Olivares.

Amparo en revisión 196/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Encarnación Aguilar Moya. Secretario: Miguel Ángel Montalvo Vázquez.




Registro No. 164187

ACTAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS POR LA AUTORIDAD HACENDARIA. TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, EN EL PROCESO PENAL QUE SE INSTRUYE AL CONTRIBUYENTE POR EL DELITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Las actas administrativas que practican los auxiliares de los administradores de la Auditoría Fiscal, deben ser valoradas al tenor del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el proceso penal que se sigue contra el inculpado por su responsabilidad en la comisión del delito previsto en la fracción V del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, porque se trata de pruebas documentales públicas, ya que fueron elaboradas por servidores públicos en ejercicio de una función pública; por tanto, se considera correcto que el Juez responsable las tomara en cuenta para acreditar que el aquí quejoso, al tener el carácter de contribuyente, fue notificado de la existencia de varios créditos fiscales, pero que antes de garantizarlos, pagarlos o de que quedaran sin efectos, desocupó el local donde tenía su domicilio fiscal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 204/2010. 8 de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Alfredo Gutiérrez Barba. Secretaria: Elsa Beatriz Navarro López.



Registro No. 164170

APELACIÓN EN MATERIA PENAL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL SENTENCIADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE DICHO RECURSO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).

De conformidad con los artículos 134 y 135 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, procede notificar personalmente al sentenciado el auto de radicación del recurso de apelación, a fin de que tenga conocimiento de su admisión, del término que dispone para ofrecer pruebas, de la fecha para la celebración de la audiencia de vista en la que puede exponer las manifestaciones que a su interés convenga y de la designación de su defensor; por tanto, la omisión de la autoridad jurisdiccional de notificar personalmente al sentenciado dicho acuerdo actualiza una violación a las leyes del procedimiento penal que amerita su reposición, al infringirse en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 197/2009. 16 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretaria: Silvia Galindo Andrade.



Registro No. 164165

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS SI SE DICTA POR HECHOS DELICTIVOS RESPECTO DE LOS CUALES OPERÓ LA PRESCRIPCIÓN, NO OBSTANTE QUE EN AQUELLA DETERMINACIÓN SE HAYA RECLASIFICADO EL DELITO POR EL QUE SE LIBRÓ LA ORDEN DE APREHENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para el cómputo del término para que opere la prescripción de la acción penal debe atenderse a la penalidad aplicable al delito establecido en cada fase que integra el procedimiento penal, tomando en cuenta si existen o no calificativas sobre el ilícito establecido, ya sea básico o con todas sus modalidades o circunstancias modificativas o calificativas. Luego, si se libró una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual, en su configuración básica, para el cómputo del plazo prescriptivo debe atenderse a la penalidad de dicho ilícito, pues es éste el que rige la situación jurídica del quejoso al momento de su aprehensión, con independencia de que con posterioridad, al resolverse sobre su situación jurídica, se hubiese reclasificado el delito al de abuso sexual calificado. En consecuencia, si entre el libramiento del mandamiento de captura y su ejecución medió un lapso mayor al término medio aritmético de la pena prevista para el delito de abuso sexual básico, es inconcuso que operó a favor del indiciado la prescripción de la acción persecutoria, motivo por el cual el Juez responsable no podía decretar válidamente un auto de formal prisión, ya que de la interpretación del artículo 187, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí se advierte que no podrá dictarse un auto de formal prisión si concurre a favor del indiciado alguna causa que extinga la acción penal. Por tanto, si en la causa penal respectiva se dicta auto de formal procesamiento por hechos delictuosos respecto de los cuales había operado la prescripción de la acción penal por las razones aludidas, tal auto es ilegal y, por consecuencia, violatorio de garantías individuales, pues en esa hipótesis existe un obstáculo legal para el ejercicio de la acción penal y, por ende, para dictar el auto de formal prisión.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Amparo en revisión 59/2010. **********. 21 de abril de 2010. Mayoría de votos. Disidente: Pedro Elías Soto Lara. Ponente: Juana María Meza López. Secretario: Omar Rostro Hernández.




Registro No. 164153

CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO RESPECTO DE UN BIEN ASEGURADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.

Cuando durante la tramitación del juicio de amparo en que se reclama el aseguramiento de un inmueble, decretado por el Ministerio Público dentro de una averiguación previa, respecto del cual se acredita que la representación social demandó la acción de extinción de dominio, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y como consecuencia el sobreseimiento conforme al diverso 74, fracción III, de esta ley, ya que de acuerdo con el arábigo 4, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, la referida acción "... es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen ...", por lo que genera el cambio de situación jurídica, que origina, para los efectos del juicio de amparo, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que se hubieran cometido en el aseguramiento decretado por la autoridad ministerial, pues con motivo de ese procedimiento los bienes afectos a la indagatoria dejaron de estar bajo la potestad legal de la representación social y quedaron a disposición de la autoridad judicial en materia civil, lo que imposibilita que la autoridad de amparo pueda examinar la constitucionalidad del aseguramiento reclamado, ya que de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 115/2010. 17 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: Adalberto Abraham Ximello.



Registro No. 164138

COMPETENCIA EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ANTE LA INDIVISIBILIDAD DE LA DEMANDA, AL RECLAMARSE ACTOS CON MEDIDAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN Y/O CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO, CONJUNTAMENTE CON LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.

Si en la demanda de amparo se reclaman conjuntamente, las medidas de carácter disciplinario impuestas mediante resolución administrativa, relativas a la organización y/o control de un centro penitenciario, así como actos consistentes en tortura, golpes, azotes y malos tratos, incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos y abuso de autoridad, prohibidos por el artículo 22 constitucional, por la indivisibilidad de la demanda, se surte la competencia ante los Jueces de Distrito en materia penal cuando se encuentran vinculados íntimamente entre sí y no provengan de juicios conexos que permitan su separación.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Competencia 9/2010. Suscitada entre el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal y el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, ambos en el Estado de Jalisco. 7 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Ana Gabriela Urbina Roca, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Elisa Georgina Álvarez Maldonado.



Registro No. 164127

CONCURSO APARENTE DE TIPOS PENALES EN EL DELITO DE FRAUDE. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD CUANDO LA CONDUCTA ATRIBUIDA AL ACTIVO CONSISTA EN NEGOCIAR LA VENTA DE UN INMUEBLE CON CONOCIMIENTO DE QUE QUIEN DIJO SER DUEÑO NO TENÍA DERECHO PARA DISPONER DE ÉL POR NO TRATARSE DEL PROPIETARIO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 404, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y NO EL NUMERAL 402 DEL MISMO ORDENAMIENTO.

Pese a que la característica distintiva del delito de fraude, en su concepción genérica, previsto en el artículo 402 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla coincide con el diverso tipo especial contemplado en la fracción II del numeral 404 del mismo ordenamiento, por la circunstancia de que el activo, en esta segunda hipótesis, también recibe la cosa como resultado de un comportamiento engañoso, del que se advierte una actitud dolosa o de audacia en la ejecución, resulta inconcuso que cuando al agente se le atribuye haber negociado la venta de un inmueble con conocimiento de que quien dijo ser dueño no tenía derecho para disponer de él, por no tratarse del propietario, se está en presencia de un concurso aparente de tipos penales que debe resolverse a través del principio de especialidad, esto es, que debe prevalecer la norma legal que, en su configuración, recoja mayor número y precisión de datos del hecho susceptible de ser sancionado, por lo que en este caso debe aplicarse el aludido artículo 404, fracción II, pues se ajusta al principio de legalidad y de exacta aplicación de la ley penal contemplado en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 28/2010. 25 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. Secretario: Arnoldo Guillermo Sánchez de la Cerda.



Registro No. 164121

CONMUTACIÓN DE LA PENA. UNA VEZ EJECUTORIADA LA SENTENCIA QUE LA CONCEDE, CORRESPONDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO Y NO A LA AUTORIDAD JUDICIAL PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

El párrafo segundo del artículo 109 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla es puntual al definir que el gobernador de la entidad podrá autorizar la conmutación de las sanciones después de impuestas en sentencia ejecutoriada, conforme a las disposiciones correspondientes en lo conducente. Esto es, una vez que causa ejecutoria la sentencia, ya no corresponde a la autoridad judicial determinar lo relativo a la conmutación de las sanciones, pues el legislador consideró que tal tarea debe recaer en el Ejecutivo, quien es precisamente el encargado de ejecutarlas. Por tanto, si una vez que ha causado estado la sentencia en la que se concedió uno de los beneficios contemplados en el artículo 100 del mencionado código, el sentenciado beneficiado pide directamente a la autoridad judicial que modifique lo resuelto, a fin de que sea sustituido el beneficio concedido por otro que contemple el aludido dispositivo, es inconcuso que no puede pronunciarse al respecto, pues se insiste, hay prevención que indica que al causar ejecutoria la sentencia condenatoria, su ejecución pasa a la autoridad administrativa, por lo que, en su caso, sería esta última la facultada para proveer sobre la referida solicitud.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 32/2010. 18 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. Secretario: Francisco Marroquín Arredondo.



Registro No. 164111

DECLARANTE POR REFERENCIA DE TERCEROS. LA CONFUSIÓN TERMINOLÓGICA POR EL USO DE LA INCORRECTA EXPRESIÓN "TESTIGO DE OÍDAS", NO GENERA AGRAVIO AL QUEJOSO.

Los llamados "testigos de oídas" (cuya denominación técnica realmente viene a ser "declarante por referencia de terceros"), en realidad no pueden considerarse como testigos de aquello que no presenciaron, por tanto, es obvio y de lógica elemental que sus declaraciones no tienen valor convictivo alguno ni aquéllos el carácter de testigos, sencillamente porque no lo son. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que una narración ante la autoridad ministerial de aquello que se supo por referencia de terceros, no puede ser útil para construir la notitia criminis y, por ende, incentivar el inicio de una averiguación previa, sobre todo tratándose de un delito de persecución oficiosa, toda vez que sería ilógico pensar que por no ser testigo presencial en sentido estricto puede controvertirse la racionalidad de tal planteamiento, cuando no es así, sino por el contrario, precisamente dicho criterio diferenciador aclara que en tales supuestos no se está ante la presencia de un verdadero testimonio, pero por tal razón es que sólo puede apreciarse a tal tipo de declaraciones (respecto de referencias de terceros), como un dato o indicio genérico derivado de la existencia de tal declaración como diligencia formal emitida ante una autoridad, sin mayor alcance que ese y sin pretensión de equiparación a un verdadero testimonio. En consecuencia, si la autoridad responsable, al dictar la resolución reclamada, no le asigna al dicho del denunciante valor de testimonio auténtico (pues nunca lo dijo de esa manera) y utiliza incorrectamente la expresión "testigo de oídas", resulta inconcuso que tal determinación no causa agravio al quejoso, toda vez que dicho error de lenguaje (testigos de oídas) se traduce en una cuestión meramente terminológica que en nada le afecta.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 3/2010. 25 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo.



Registro No. 164110

DEFENSA ADECUADA. LA SALA QUE CONOZCA DE LA APELACIÓN DEBE REQUERIR AL DEFENSOR DEL INCULPADO LA ACEPTACIÓN Y LA PROTESTA DEL CARGO, NO OBSTANTE QUE SEA LA MISMA PERSONA QUE LO REPRESENTÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y EL PROMOVENTE DE DICHO RECURSO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).

Si el defensor particular interpone el recurso de apelación conjuntamente con su defendido únicamente implica su interés de que la sentencia con que culminó el procedimiento en que asistió al enjuiciado sea revisada por una instancia superior, pero no significa que haya aceptado, expresa o tácitamente, llevar a cabo su defensa durante el procedimiento de apelación, dado que no existe justificación lógica o jurídica que autorice tal conclusión, además, porque el recurso de apelación que interpuso el citado defensor particular es con motivo del cargo conferido y protestado ante el Juez de primera instancia pues, incluso, lo hizo valer ante éste, pero de ello no se sigue que exista la manifestación de voluntad para desempeñar el cargo de defensor en segunda instancia y, por tanto, obviarse el requerimiento de su aceptación y protesta en ese cargo, toda vez que dicha obligación procesal inmersa en los artículos 163, 165 y 202 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, tiende a salvaguardar el derecho a una defensa adecuada establecido en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que resultaría conculcado en caso de suponer una defensa que realmente inexiste al no cerciorarse de la voluntad del designado para desempeñarla. En consecuencia, la Sala que conozca de la apelación debe requerir al defensor del inculpado la aceptación y la protesta del cargo, no obstante que sea la misma persona que lo representó en la primera instancia y el promovente de dicho recurso.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

Amparo directo 121/2010. 13 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretario: Jorge Alonso Campos Saito.



Registro No. 164109

DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE EXCLUSIÓN PREVISTA EN AL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, CUANDO LA CANTIDAD QUE SE POSEE, EXCEDE DE LA ESTABLECIDA DENTRO DE LA TABLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 479 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

La fracción IX del artículo 15 del Código Penal Federal determina que el delito se excluye, entre otros supuestos, cuando: "Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho;". Ahora bien, la carga probatoria para tener por actualizada alguna causal excluyente del delito, corresponde a quien la hace valer, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CX/2005, de rubro: "CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO. LA CARGA DE LA PRUEBA LE CORRESPONDE A QUIEN LA HACE VALER."; en ese contexto, la sola apreciación del inculpado de que se le halló en posesión de una cantidad ligeramente superior a la mínima establecida en la tabla prevista por el artículo 479 de la Ley General de Salud, por lo que debía deducirse que era para su consumo personal diario, resulta insuficiente para tener por demostrada la citada excluyente delictiva, en cumplimiento a la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, prevista por el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 101/2010. 27 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Ana Gabriela Urbina Roca, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Enrique Espinosa Madrigal.

Nota: La tesis 1a. CX/2005 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 203.

Registro No. 164108

DELITOS CULPOSOS. AL NO PODERSE FRACCIONAR LA CONDUCTA DE LOS SUJETOS QUE COMETEN ESTA CLASE DE ILÍCITOS, SÓLO PUEDEN ACTUALIZARSE A TRAVÉS DE AUTORÍA MATERIAL DIRECTA.

Una de las características esenciales de los delitos culposos, en términos del párrafo segundo del artículo 9o. del Código Penal Federal, es la violación a un deber de cuidado que el sujeto debía y podía observar, según las circunstancias y condiciones personales. De esta manera, si la calificación de la culpa atiende al proceder concreto del sujeto activo ubicado en una situación específica, entonces, resulta inconcuso que no es factible fraccionar su conducta; lo que implica que sólo puede realizarla por sí mismo y, por ende, que sólo puede actualizarse esta clase de ilícitos a través de autoría material directa.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 400/2009. 18 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Elvia Díaz de León D'Hers. Secretario: Héctor Vargas Becerra.



Registro No. 164087

DESOCUPACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL. PARA QUE SE CONFIGURE EL DELITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA ACREDITAR FEHACIENTEMENTE QUE EL CONTRIBUYENTE ABANDONÓ EL DOMICILIO FISCAL, PUES DICHA ACCIÓN IMPLICA UNA DESOCUPACIÓN.

El artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, dispone que se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien, entre otros supuestos, desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al registro federal de contribuyentes, después de la notificación de la orden de visita, o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos; por lo que, si el término "abandonar", según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, implica entre otras acepciones, dejar una ocupación, un lugar o apartarse de él, entonces, se acredita la conducta delictiva que prevé dicho ilícito cuando el contribuyente abandona el domicilio fiscal, toda vez que el ahora quejoso a través de ese abandono posibilitó la pérdida total del vínculo existente entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes, así como con sus establecimientos, actualizando la conducta sancionada por el precepto legal en mención.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 204/2010. 8 de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Alfredo Gutiérrez Barba. Secretaria: Elsa Beatriz Navarro López.



Registro No. 164082

DILIGENCIAS PROBATORIAS PARA MEJOR PROVEER. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN DEBE DISPONER SU PRÁCTICA, SI DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA CAUSA PENAL ADVIERTE DIVERSIDAD DE RESULTADOS EN LOS MEDIOS CONVICTIVOS APORTADOS.

La circunstancia de que en la causa penal sometida al escrutinio de la Sala responsable mediante el recurso de apelación, existan medios convictivos con resultados diversos, obliga al tribunal de apelación a disponer, en términos del artículo 135, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, la práctica de otras diligencias probatorias que le permitan determinar la causa real de la conducta atribuida al procesado; ello con independencia del valor probatorio que en su oportunidad pueda asignarse a los aludidos medios de convicción, en virtud de que para lograr el desarrollo de un debido proceso que cumpla con los principios de equidad y equilibrio procedimental, en pleno respeto a las prerrogativas del procesado, el órgano judicial debe llevar a cabo las diligencias probatorias necesarias que le permitan determinar con exactitud sobre la existencia del delito, así como la plena responsabilidad atribuida y, en su caso, el grado de culpabilidad. Luego, la omisión de la autoridad responsable de ordenar la práctica de otras diligencias probatorias, obliga a conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia reclamada y se ordene reponer el procedimiento, para que, de conformidad con el precepto de mérito, el presidente instructor lleve a cabo las diligencias probatorias que le permitan resolver con apego a derecho, atento al principio de pronta impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 51/2009. 8 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretaria: Silvia Galindo Andrade.



Registro No. 164059

ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN. LA PRESUNCIÓN LEGAL CONTENIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL NUMERAL 243 DEL CÓDIGO PENAL, NO ES ABSOLUTA AL ADMITIR PRUEBA EN CONTRARIO, POR TANTO, NO SE OPONE AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Ciertamente, no por el hecho de que ahí se sostenga que: "se tendrá por acreditado" que existe conocimiento de que el instrumento, objeto o producto de un delito proviene de un ilícito, cuando aquéllos se relacionen con el giro comercial del tenedor o receptor, si éste es comerciante, o sin serlo, se encuentre en posesión de dos o más de los mismos, ello conduzca a concluir que se trata de una presunción iuris et de iure, es decir, que no admite prueba en contrario, puesto que de su lectura integral ni, de la exposición de motivos que le dio origen, subyace lo anterior. Sumado a que, conforme a los artículos 21 y 102 de la Carta Magna, se colige que en todos los casos, la investigación de los delitos incumbe al Ministerio Público, quien debe acreditar los elementos del tipo penal y la responsabilidad del incriminado, de ahí que esa porción normativa no se contrapone con el principio de presunción de inocencia, que asiste al imputado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 57/2010. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: Marco Antonio Ortiz Mejía.

Amparo directo 164/2010. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: Marco Antonio Ortiz Mejía.

Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia en términos del punto 11 del capítulo primero del título cuarto del Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las Reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte.



Registro No. 164057

EXTRANJERO. CASO EN QUE AL DESIGNAR INTÉRPRETE QUE LO ASISTA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTA SU DEFENSA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 160, fracción XVII, con relación a la fracción II, del mismo numeral de la Ley de Amparo, si el indiciado o procesado desconoce el idioma español e incluso el sistema judicial mexicano y solicita a los órganos jurisdiccionales la intervención de la representación diplomática para que le brinde un intérprete, a fin de estar en posibilidad de defenderse de la imputación formulada en su contra, la omisión del representante social o el juzgador en atender esa petición, actualiza una violación procesal que trasciende al sentido del fallo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 38/2010. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Ana Gabriela Urbina Roca, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Enrique Espinosa Madrigal.



Registro No. 164056

EXTRANJERO SUJETO A AVERIGUACIÓN PREVIA O EN PRISIÓN PREVENTIVA. SE LE DEBE DAR A CONOCER EL DERECHO QUE TIENE A SOLICITAR LA ASISTENCIA DE LA REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA DEL PAÍS DEL CUAL ES ORIGINARIO, ADEMÁS DE QUE SE INFORME A DICHA SEDE CONSULAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE AQUÉL.

El artículo 36, punto 1, incisos b) y c), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, expresamente señala que todo extranjero sujeto a averiguación previa o en prisión preventiva, que se encuentre privado de su libertad, debe ser informado del derecho que le asiste de contactar al Consulado de su país de origen para que conozca su situación jurídica; así como a dicha representación diplomática a efecto de estar en posibilidad de recibir la visita de los funcionarios consulares y en su caso, organizar su defensa ante los tribunales respectivos; por tanto si la autoridad ministerial o bien jurisdiccional, omitieron cumplir con tal imperativo, es evidente la violación al procedimiento que vulneró la defensa del peticionario, en consecuencia, a efecto de restituir al justiciable en sus garantías, debe cumplirse con la obligación de informarle la posibilidad de que sea asistido por la representación consular de su país de origen y de comunicar a esta última respecto a la prisión preventiva del quejoso; empero, no conlleva a declarar la nulidad de las actuaciones efectuadas durante el procedimiento que en lo general cumplan con las formalidades legales; mismas, que en respeto a la garantía de justicia pronta y expedita en la administración de justicia, prevista por el ordinal 17 del Pacto Federal, deberán permanecer incólumes. Y si la representación consular conducente, estima que debido a la asistencia jurídica brindada a su connacional, resulta legalmente indispensable, el ofrecimiento de un medio de convicción diverso a los desahogados previamente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 47/2010. 29 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretaria: Ana Gabriela Urbina Roca.



Registro No. 164053

FRAUDE ESPECÍFICO POR DOBLE VENTA. EL SUJETO PASIVO DEL DELITO, Y POR TANTO, QUIEN SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA QUERELLARSE, ES EL SEGUNDO COMPRADOR O ADQUIRIENTE DE LA COSA MUEBLE O RAÍZ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

De conformidad con la fracción VII del artículo 404 del Código de Defensa Social del Estado, el delito al rubro citado se comete cuando el sujeto activo vende a dos o más personas una misma cosa -mueble o raíz- y recibe el precio de la segunda venta o parte de él. Bajo ese tenor, en la hipótesis delictiva a estudio el sujeto activo es el vendedor, quien le hace creer al pasivo que adquiere determinados derechos reales, cuando en realidad éstos ya pertenecen a otro, pues al haber enajenado con anterioridad la cosa a un tercero, cuando realiza la segunda compraventa carece ya del derecho para trasmitirla; por tanto, el sujeto pasivo resulta ser el segundo comprador o adquiriente, quien sufre el quebranto patrimonial en tanto que hace la entrega total o parcial del precio de la compraventa, y por consiguiente quien se encuentra legitimado para querellarse por dicho delito, mientras que el primer adquiriente de la cosa doblemente vendida no es ofendido al no sufrir perjuicio alguno que pueda ser directamente vinculado con la actuación del defraudador.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 61/2010. 18 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo. Secretaria: Beatriz Eugenia Díaz Naveda.



Registro No. 164046

HOMICIDIO CULPOSO. LA SENTENCIA QUE TIENE POR ACTUALIZADA LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS POR EL HECHO DE QUE EL SUJETO QUE PRIVÓ DE LA VIDA A OTRO SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD, VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Federal establece la garantía de exacta aplicación de la ley penal que prohíbe imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Por su parte, del artículo 128 del Código Penal para el Estado de Morelos se advierte lo siguiente: i) El primer párrafo se refiere a la sanción agravada por la comisión del delito de lesiones culposas con motivo del tránsito de vehículos de servicio público o escolar; ii) En el segundo párrafo, también para el delito de lesiones, se prevén las sanciones cuando el agente actúa en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias que produzcan efectos similares, sin que exista prescripción médica, o no auxilie a la víctima del delito y se dé a la fuga; iii) En el tercer párrafo se inicia la referencia normativa al delito de homicidio cometido en las circunstancias del primer párrafo, esto es, con motivo del tránsito de vehículos del servicio público o escolar, además establece las sanciones correspondientes. De lo anterior deriva que el legislador no previó que la agravante a que alude el señalado párrafo segundo correspondiente al delito de lesiones se aplicara al de homicidio cuando el sujeto que priva de la vida a otro actúe en estado de ebriedad. Sin que obste que el precepto mencionado esté en el capítulo correspondiente a las disposiciones comunes para el homicidio y las lesiones, ya que de la interpretación integral de los artículos que lo componen (126 al 131 del mismo código), se aprecia que así lo estableció el legislador al disponer reglas aplicables para ambos delitos, además, porque si hubiera sido su voluntad que la agravante referida se aplicara al homicidio, así lo habría previsto expresamente, sin embargo, no lo hizo. Por tanto, la sentencia dictada por la comisión del delito de homicidio culposo que tenga por acreditada la agravante prevista en el párrafo segundo del referido artículo 128, por el hecho de que el sujeto que privó de la vida a otro se encontraba en estado de ebriedad, viola la garantía de exacta aplicación de la ley penal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

Amparo directo 83/2010. 13 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Olascuaga García. Secretario: René Rubio Escobar.



Registro No. 164045

HOMICIDIO O LESIONES A TÍTULO DE CULPA QUE SE COMETEN CON MOTIVO DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, DEBEN ESTIMARSE CALIFICADOS CUANDO DEL DICTAMEN DE ORINA SE REVELA LA PRESENCIA DE ESTUPEFACIENTE, CON INDEPENDENCIA DEL GRADO DE TOXICIDAD (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

El numeral 140, fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal dispone que al autor de homicidio o lesiones que se cometen a título de culpa con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá, respectivamente, la mitad de las penas previstas en los artículos 123 y 130 del mismo ordenamiento, entre otros supuestos, cuando el sujeto activo conduzca bajo el influjo de estupefacientes, lo que se satisface si del estudio respectivo de la orina de aquél, se advierte la presencia de metabolitos de cocaína. En efecto, es suficiente para actualizar la agravante en cita el dictamen que determina que la muestra es positiva, pues es evidente que si está presente en el cuerpo del sujeto activo incidió en la comisión del injusto; por ende, si el legislador no previó determinado grado de toxicidad, el juzgador debe tener por acreditada la calificativa en comento, con la pericial con resultado positivo a la presencia del estupefaciente aludido, ello además atendiendo al principio ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 91/2010. 17 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: Jorge Guillermo García Suárez Campos.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 242/2010, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Registro No. 164041

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. CUANDO SE DEMANDA LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA DECRETADA EN UNA DIVERSA EJECUTORIA DE LA MISMA NATURALEZA, NO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LA AUTORIDAD EXACTORA, SI LA SANCIÓN CUYA EJECUCIÓN SE LE ATRIBUYE SE IMPUGNA POR VICIOS PROPIOS.

Cuando a través del juicio de garantías se reclaman tanto la imposición de una multa decretada por un tribunal de amparo en una ejecutoria de esa misma naturaleza, como el acuerdo por el cual se giran instrucciones para hacerla efectiva, se actualiza la improcedencia de la instancia constitucional y, por ende, el desechamiento de plano de la demanda relativa, por ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia. Sin embargo, si los actos de ejecución para hacer efectiva esa sanción se impugnan por vicios propios, tal desechamiento no debe hacerse extensivo por lo que respecta a la autoridad exactora, pues, en ese supuesto es factible analizar la constitucionalidad de tal acto en forma autónoma e independiente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión (improcedencia) 68/2010. Enrique Moreno Plata. 12 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Mario Alejandro Nogueda Radilla.



Registro No. 164040

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA CITACIÓN HECHA POR EL MINISTERIO PÚBLICO A LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 114, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).

En términos de los artículos 274 a 276 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, la formulación de la imputación es presupuesto indispensable para formalizar el procedimiento penal por medio de la intervención judicial. Así, cuando el imputado no está detenido y el Ministerio Público desea expresar la acusación, solicitará al Juez de Garantía la celebración de una audiencia, para lo cual esta autoridad citará al probable responsable, indicándole que debe comparecer acompañado de su defensor, apercibido para el caso de no hacerlo con ordenar su aprehensión; aspecto jurídico que, sin duda, constituye sólo una intimación, porque se exige cumplir la orden de comparecencia sin involucrar el análisis del hecho ilícito ni la probable participación. Por tanto, cuando el acto reclamado consista en la aludida citación, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, porque no es un acto de imposible reparación al no privar de los derechos de audiencia y legalidad a los quejosos, ni afectarles en grado predominante o superior, ya que es hasta la diligencia de mérito cuando el Ministerio Público concreta su pretensión, por lo que sus efectos pueden quedar destruidos no sólo en caso de dictarse una sentencia absolutoria, sino anticipadamente, si se decreta la no vinculación a proceso, aunado a que no se limita el derecho del gobernado a declarar, ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés convenga.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión (improcedencia) 49/2010. 9 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretaria: Martha Cecilia Zúñiga Rosas.



Registro No. 164009

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN EN DELITOS NO GRAVES. EL TÉRMINO "APORTAR PRUEBAS" A QUE SE REFIERE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 54/2002, PARA JUSTIFICAR LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE QUE SEA NEGADO AL INCULPADO AQUEL BENEFICIO, NO IMPLICA QUE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DEBA EXHIBIR MATERIALMENTE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE DEN SUSTENTO A DICHO REQUERIMIENTO O QUE DEBAN SER DIVERSOS A LOS QUE EXISTEN EN AUTOS.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 54/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, noviembre de 2002, página 109, de rubro: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE APORTAR PRUEBAS QUE JUSTIFIQUEN SU SOLICITUD DE QUE AQUÉLLA SE NIEGUE AL INCULPADO EN CASO DE DELITOS NO GRAVES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).", sostuvo que el Ministerio Público debe aportar pruebas que acrediten los argumentos por los cuales, en el caso de delitos no graves, solicita al Juez que niegue al inculpado la libertad provisional bajo caución, por considerar que ésta representa un riesgo para el ofendido o para la sociedad, ya que no bastan los simples razonamientos de la representación social, porque de considerarlo así, sería totalmente arbitrario y discrecional el pronunciamiento del Juez penal al respecto y, por el contrario, deben existir elementos objetivos que motiven la petición y orienten la decisión judicial. Sin embargo, el referido término "aportar pruebas", no implica que el Ministerio Público deba exhibir materialmente los elementos de convicción que den sustento a la petición o que deban ser diversos a los existentes en autos, pues bien puede darse el supuesto de que las mismas probanzas que fueron aportadas por el fiscal investigador desde el periodo de integración de la indagatoria, sean aptas para justificar sus manifestaciones. De modo que, mientras existan elementos objetivos que motiven la petición de la representación social y que guíen la decisión judicial, resulta intrascendente el momento en que se hayan integrado al expediente de origen los medios de prueba, ya sea que se recabaran desde la averiguación previa o que se presentaran en el instante en que se efectuó la petición, pues interpretarlo de manera distinta implicaría obstaculizar su aplicación, debido a que se le exigirían mayores requisitos al Ministerio Público que los considerados por el Constituyente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 25/2010. 11 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. Secretaria: Arely Yamel Bolaños Domínguez.



Registro No. 164001

NOTIFICACIÓN POR CÉDULA. FACTOR A CONSIDERAR PARA SU VALIDEZ CUANDO SE ENTREGA A UN ADOLESCENTE (LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA).

El Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social dispone en el artículo 46, fracción VIII, que toda notificación que se haga fuera del juzgado, y no se encuentre en el domicilio a la persona que deba ser debidamente notificada, se practicará sin necesidad de nuevo mandamiento judicial por medio de cédula que podrá ser entregada dentro de dos días a los parientes, familiares o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona que viva en la casa. Esto es, el dispositivo mencionado no establece un límite de edad referente a las personas con las que puede entenderse la diligencia, ni tampoco exige que sean ciudadanos en pleno goce de sus derechos o sin restricciones en su personalidad jurídica; de allí entonces que a fin de determinar la validez de la notificación, cuando la cédula se entrega a un adolescente, deba considerarse la edad que éste tenía, misma que debe ser tal que le permita tener la capacidad de discernimiento suficiente para comprender que debe entregar el documento a su destinatario.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 145/2010. 22 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. Secretario: Francisco Marroquín Arredondo.



Registro No. 163996




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